Los tres primeros artículos de este número abordan distintos aspectos de las operaciones internacionales a distinto nivel: el de la OTAN, el de los Estados Europeos y el del Reino Unido.

En el primer artículo, Steven Hill y David Lemétayer, ambos juristas de la OTAN, analizan muchas de las cuestiones ligadas a operaciones internacionales desde el punto de vista de la OTAN. En su estudio sacan a la luz la normativa aplicada exclusivamente por la Alianza en la planificación y ejecución de las operaciones, en particular para proteger a las personas civiles.

El segundo de los artículos, por el profesor Wouter Vandenhole, de la Universidad de Amberes, lleva a cabo un análisis en profundidad de las obligaciones de los Estados europeos relativas a los Derechos Humanos en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz. Se estudian las distintas obligaciones y responsabilidades que incumben a los Estados participantes en este tipo de operaciones, especialmente cuando las tropas a su servicio cometen infracciones contrarias a los Derechos Humanos. El análisis también está centrado en determinar si las obligaciones que existen en esta materia se aplican igualmente de manera extraterritorial. El autor, por último, adopta una visión crítica de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia.

El tercer artículo, preparado por Jake Rylatt, de la Universidad de Cambridge, aborda un problema similar al anterior pero desde la perspectiva británica. Se analiza el asunto Serdar Mohammed, seguido ante la jurisdicción de Inglaterra y Gales, concerniente a la atribución de responsabilidad de las tropas británicas en el marco de la misión ISAF. El autor mantiene igualmente una opinión crítica del razonamiento utilizado por la justicia en este asunto.

La cuestión de la inmunidad penal de los representantes de Estado frente a delitos de carácter internacional es el objeto de estudio de Pauline Lesaffre, de la Universidad Católica de Lovaina. La autora constata que, de acuerdo con el Derecho Internacional, los representantes de Estado enjuiciados por tribunales extranjeros gozan de inmunidad en todo momento. Sin embargo, esa misma inmunidad, que en principio no podría ser invocada ante la Corte Penal Internacional, sí que pudiera serlo, en opinión de la autora, a través del mecanismo de cooperación previsto en el Estatuto de Roma. En efecto, los representantes de aquellos Estados que no son Parte gozarían en todo momento de inmunidad de carácter consuetudinario frente a aquellos requerimientos llevados a cabo por Estados Parte a petición de la Corte.